Hojas de hierba

Decir la verdad

Pepsico

A más de un año y medio de gestión, contra todos sus antecedentes previos, el gobierno de Mauricio Macri parece decidido a hacer algo insólito para los manuales de comunicación electoral en general, los de Durán Barba en especial: decir la verdad. No se trata por supuesto del problema de la verdad en sentido metafísico, algo que resultaría ridículo para la política actual, pero tampoco del típico latiguillo del discurso proselitista de 2015 que fue rápidamente desgastado por Cambiemos en su gestión –se recordará, la dicotomía entre la supuesta vocación por la mentira del kirchnerismo contra una disposición casi naif por la sinceridad del Pro–; sino de la definitiva asunción de un proyecto de país que en aquella campaña fue velado, prácticamente negado, en su propia comunicación electoral. Como si el “mejor equipo…” se hubiera percatado de la imposibilidad de disimular las contradicciones entre su discurso público y su gestión diaria, o como si hubiera asumido que las elecciones legislativas serán determinantes para su verdadero proyecto de poder, el Gobierno está practicando un sinceramiento que acaso revela un objetivo mayor de fondo, una variante propia del “ir por todo” cristinista: protagonizar un cambio radical del imaginario colectivo de la sociedad argentina, la forma en que entendemos nuestra propia organización, de orientación neoliberal y conservadora.

Se sabe que la comunicación política trasciende los discursos públicos, pues es algo así como un Dios que “está en todos lados”. En una sociedad hiperconectada como la nuestra, todo gesto comunica, todo acto de quien gobierna revela una parte de la verdad maquillada tras el marketing y la publicidad, sea por acción o por omisión. Pero ¿cómo definir esa “verdad”? Quizás, como el posicionamiento real de su portador ante los acontecimientos del mundo político y social que lo involucran, según el universo de intereses que efectivamente representa. La represión de los trabajadores de PepsiCo se vuelve por eso mismo significativa, pues el Gobierno que ha hecho de la comunicación su mayor logro, no intentó ya presentarla como error de algún cándido funcionario traicionado por su inexperiencia, sino como una política de Estado: desde el propio Macri a su alter ego comunicacional, Marcos Peña, y su principal espada electoral en Buenos Aires, María Eugenia Vidal, salieron a justificar la violencia contra obreros, la mayoría mujeres, acaso aquellos que en 2015 aspiraban a representar. ¿La violencia estatal contra la sociedad civil como spot de campaña? ¿No será demasiado?

Quizás valga la pena repasar algunos detalles del caso para comprender su verdadero alcance. PepsiCo es una empresa multinacional que se ubica entre las más rentables de Argentina: en 2016, en medio de la fuerte recesión que vivimos, facturó 4.800 millones de pesos en nuestro país, un incremento de sus ventas del 26,3% respecto a 2015 (cuando alcanzó los 3.800 millones). A nivel global, la firma informó una facturación de 27.759 millones de dólares en los seis primeros meses de 2017, con lo que sus ingresos netos se incrementaron un 17% respecto a 2016, alcanzando los 3.423 millones. Latinoamérica aportó el 6% de esa facturación mundial. No se trata precisamente de una empresa en crisis, pero el 20 de junio pasado despidió a más de 600 trabajadores de su planta de Vicente López, sin previo aviso, de una manera brutal: un simple cartelito impreso los recibió en la puerta de la fábrica explicando que, por una relocalización de la producción, “el personal queda transitoriamente liberado de prestar servicios”. La ostensible inhumanidad del procedimiento –cuyo antecedente más próximo habría que buscar en el propio Gobierno con el operativo “limpieza” que llevó a cabo en el Estado– hizo que se convirtiera en noticia nacional, aunque recién hoy se sabe que la gerencia local de la firma se había negado a tomar esa medida, decidida en la casa matriz, que mandó a una “task force” para cumplir la tarea sucia. Todas las razones esgrimidas por la firma apuntan a la simple rentabilidad: con este modelo de país, le sale más barato importar los productos de Chile que sostener una fábrica con un alto nivel de sindicalización y empleados con larga antigüedad. Abandonados literalmente a su suerte, los trabajadores se quedaron sin interlocutores en su lugar del trabajo, nadie a quien consultar, agotar dudas o hasta descargar broncas. Ni siquiera el Estado salió en su auxilio, pues avaló ese accionar a través del ministerio de Trabajo, que prácticamente actuó como representante de la compañía: con la complacencia del gremio de la alimentación (conducido por el líder cegegista Héctor Daer) promovió una negociación con los trabajadores para que aceptasen la doble indemnización que ofrecía PepsiCo como gesto de magnanimidad, aunque se trata de un derecho regulado por ley. La mayoría firmó, pero otros decidieron resistir, en reclamo de sus fuentes de trabajo, tomando la planta que habían construido con años de entrega de sus cuerpos y su tiempo de vida, que por cierto nunca recuperarán. La brutal represión llegó tras una orden de desalojo firmada por una jueza debutante, Andrea Rodríguez Mentasty, exesposa de un dirigente de Cambiemos que también integra el Consejo de la Magistratura que la designó en el cargo, de manera inusualmente express, hace unos pocos meses. Aún así, el Gobierno se puso ostensiblemente del lado empresario, y desde sus primeras líneas avaló el accionar brutal de la policía sin asumir responsabilidad alguna: arguyó que los violentos fueron los trabajadores y culpó a la izquierda del conflicto, que Bullrich llegó incluso a culpar del “cierre de las empresas” en el país.

Ni el más ingenuo pensaría que aquí hay un error de diagnóstico o un “déjà vu” involuntario de los funcionarios nacionales, mucho menos en tiempos de campaña. El caso PepsiCo expone abiertamente el universo de alianzas (internacionales) del Gobierno y la prepotencia de la firma evidencia el modelo de país que le es afín, donde los derechos de los ricos y poderosos se encuentran sobrerepresentados y se imponen a la fuerza al cuerpo social. Se dijo incluso que el propio Macri pidió a sus voceros que difundieran su respaldo al accionar policial. Y no tardarán en utilizar este caso como argumento para la reforma laboral que ellos mismos anticipan para después de las elecciones, de neto corte neoliberal. El oficialismo parece convencido de que las elecciones de 2015 parieron un cambio de época, que dejó al “populismo” peronista sepultado en el pasado, sin reparar acaso que entre el 25% de los votos que Macri sacó en las primarias de ese año y el 51,34% del ballotage final hubo un cambio de su discurso de campaña, prometiendo una y otra vez que nadie perdería sus derechos adquiridos ni el estatus social que había logrado hasta entonces (la célebre interpelación a Daniel Scioli en el debate presidencial, “¿en qué te han convertido”?, se le podría volver en contra). ¿Hasta qué punto la sociedad votó entonces las promesas de campaña del gurú ecuatoriano u optó de manera consciente por un programa neoliberal que inevitablemente le traería mayores niveles de desigualdad por el ajuste que le es inherente? O puesto en términos de realpolitik, ¿qué posibilidades de éxito tienen los modelos que generan mayor desigualdad y exclusión social en un sistema democrático que impone elecciones cada dos años?

La novedad de los comicios legislativos de este año es que el Gobierno parece haber asumido finalmente el modelo que promueve, aunque no está claro cómo hará para dotarlo de la mística perdida. Con la verdadera cara de la “revolución de la alegría” al desnudo, montado en una hegemonía mediática sin precedentes y un apoyo judicial que no le va en zaga, pero sin margen ya para insistir en slogans de campaña que demostraron ser falsos (pobreza cero, institucionalidad, unir a los argentinos, paz social…), Cambiemos avanza hacia una apuesta a todo o nada que pondrá a prueba si las clases populares son capaces de cambiar las seguridades que tienen por la endeble promesa de un futuro que reconozca sus esfuerzos de vida aún a costa de sus propios pares. En otras palabras, ¿hasta qué punto serán capaces de votar en contra de sí mismos? No falta mucho para dilucidarlo.

Por Martín Iparraguirre

Copyleft 2017

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Published in: on 19 julio, 2017 at 1:21  Comments (1)  

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  1. Muy buen artículo. Claro y profundo.


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