Hojas de hierba

Los dilemas de la corrupción

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Francis Ford Coppola en plena filmación de El Padrino

La corrupción tiene mala prensa, en primer lugar porque es exagerada: todos los problemas del país suelen ser adjudicados a ella, como si su simple desaparición pudiera decretar el fin de la pobreza o los déficits en el sistema de salud, un simplismo nada casual porque oculta el hecho de que lo definitivo para la suerte de toda sociedad son las políticas públicas que toma su Gobierno y las formas de llevarlas a cabo. Se trata además de una prensa interesada, que la utiliza como principal arma para deslegitimar a las gestiones que chocan con sus intereses estratégicos y, al mismo tiempo, es capaz de los más ingeniosos ardides para encubrir a las administraciones afines de sus propios escándalos. La corrupción es entonces, antes que nada, un arma central de la lucha por el poder, como lo demuestra el “golpe blando” a Dilma Rousseff.

Aún así, son indiscutibles también los efectos perniciosos que tiene sobre la democracia, aunque sus alcances sean mucho más difíciles de medir. ¿Cómo mensurar el impacto real de la corrupción en Argentina? No se trata sólo de cifras concretas sobre tal o cual caso específico, pues los efectos de la corrupción trascienden largamente los perjuicios económicos. Uno de los peores es la deslegitimación de todo el sistema, que degenera en el bastardeo de una cultura básica de respeto a las normas que organizan nuestra vida comunitaria y la destrucción de la calidad de las instituciones públicas. La corrupción horada los fundamentos de la representatividad política, al extender un estado de sospecha general y resignación en la sociedad cuyos efectos son imprevisibles. La aceptación de la corrupción como una cultura compartida convierte a la ley en letra muerta, a la vez que cristaliza las inequidades propias del sistema: el relativismo absoluto termina favoreciendo a los privilegiados de siempre, probablemente responsables principales de esa corrupción.

Otro problema es el grado de corrupción, o, si se quiere, su propia definición como tal, pues siempre está presente en alguna medida ya que se trata de una dimensión inherente al ejercicio del poder. No hay sociedades sin corrupción, pero ¿cuándo se convierte en un problema público capaz de afectar la propia calidad del sistema? ¿Cuándo pasa de ser el alimento balanceado de las minorías políticamente activas de la sociedad a una preocupación importante de toda la ciudadanía? El requisito para ese salto cualitativo está sin dudas en su transformación en un escándalo público, aunque para llegar a ese estado se tienen que dar varias condiciones, empezando por su instalación en la agenda mediática, pero sin terminar allí. Los materialistas pueden especular en una relación directa con la economía: una sociedad será tanto más tolerante con la corrupción cuanto mejor estén sus condiciones materiales de vida (aunque los kirchneristas podrían objetar la idea). Otros, hablan de un “estado emocional” necesario en la población para que la corrupción se convierta en una preocupación generalizada (*).

Lo cierto es que en el escándalo del Correo Argentino que por estas horas sacude al gobierno de Mauricio Macri parecen haberse dado todos los factores juntos a la vez. Hay, para comenzar, un estado de crispación general en la población por las denuncias y escándalos que conmueven a la anterior gestión, convertidos en la comidilla diaria de los grandes conglomerados de prensa y paradójicamente alentado desde el propio oficialismo, a veces con formas poco sanctas como el lobby judicial en Comodoro Py (denunciado por la propia Elisa Carrió, ese volcán en continuo peligro de erupción), que se ha convertido en aliado imprescindible más no suficiente de Cambiemos. El Gobierno parece no haberse percatado de que su obsesión con la corrupción K se puede convertir fácilmente en un bumeran en su contra, y de hecho ya planea su campaña para las elecciones legislativas con la idea de reeditar el ballotage de 2015, planteando una oposición excluyente entre el pasado kirchnerista y un futuro venturoso que cada día se aleja más en el horizonte (¿le convendría a Macri, como sostienen ciertas tribunas oficialistas, que Cristina Kirchner sea finalmente candidata?). El otro condimento para entender la ensalada en la que inesperadamente se metió el oficialismo es la pobrísima performance de la economía argentina en 2016 y lo que va de 2017, que hace trizas los discursos contra una realidad donde la ciudadanía sigue perdiendo capacidad de consumo, sigue resignando derechos adquiridos y condiciones dignas de existencia en pos de un porvenir cada vez más endeble. Como sugiere el insólito episodio del ajuste jubilatorio, el presidente Macri parece gobernar como si Argentina acabara de salir de la crisis de 2001, sin medir las consecuencias en un cuerpo social que sigue tan activo y demandante como en la era K (a diferencia su dirigencia sindical, especialmente la CGT, que recién ahora comienza a despertar).

Pero la frutilla del postre está dada por la propia constitución del Gobierno, un caso único en el mundo hasta el ascenso de Donald Trump en Estados Unidos. Cambiemos es la expresión más genuina de un gobierno de las corporaciones, porque sus cuadros más importantes están literalmente integrados por Ceo´s de grandes compañías que han pasado a desempeñarse por primera vez en el Estado, en cargos donde tienen que controlar a las empresas para las que antes trabajaban (y de las que muchas veces siguen siendo beneficiarios o incluso accionistas, como fue un caso emblemático: el ministro de Energía Juan José Aranguren). Los conflictos de intereses son parte intrínseca de Cambiemos porque su propia conformación así lo impone, aunque esto no implique necesariamente que deba ser una administración corrupta, pero si antes se necesitaba que alguien del ámbito privado pagara una coima a algún funcionario del ámbito público a cambio de algún beneficio excepcional para que hubiera corrupción, ahora esas divisiones pueden estar naturalmente confundidas. ¿Hasta qué punto Aranguren está ejerciendo un acto de corrupción cuando compra directamente gas a Shell, la empresa que dirigió durante 12 años, sin llamar a una licitación pública (a precios mayores a los del mercado, por cierto)? La pregunta es capciosa, pero ilustra la complejidad del escenario que enfrenta Cambiemos, que ha hecho de la transparencia un caballito de batalla para diferenciarse de la era K.

Por eso, no puede sorprender a nadie el escándalo del Correo Argentino aunque sí la forma en que fue procesado por el Gobierno, que conocía por lo menos hace 45 días el dictamen de la fiscal Gabriela Boquin, que en diciembre pasado dictó el fallo que calificó de “irrazonable y ruinoso” para el Estado al convenio. La primera reacción fue de manual: negar lo evidente, aunque con argumentos que no tardaron en contradecirse o ser desmentidos por la realidad, a lo que le siguió el ataque frontal a la fiscal por una supuesta filiación kirchnerista que fue negada hasta por los propios medios afines. Macri tardó una semana en salir a hablar, cuando las papas ya se habían quemado, con el discurso demasiado repetido de la “equivocación naif”: anunció un regreso a “foja cero” que no está en condiciones de determinar, pues se trata de un proceso judicial ya firmado en el que no interviene directamente, y reclamó una “solución integral” a la Justicia, que agrava su injerencia sobre ese otro poder del Estado (“solución integral” que implicaría incorporar las numerosas demandas de la empresa de su familia contra el Estado, que encima están un fuero distinto al de la quiebra). Horas después, se conocía que la propuesta del Correo Argentino había sido rechazada hasta por el propio Banco Nación bajo la presidencia de Carlos Melconian, algo que desbarata los argumentos oficiales desde sus propias entrañas. A la vez, salía a luz una nueva conexión con el caso Odebrecht, esta vez directamente relacionada al Presidente: el principal deudor privado del Correo, por casi 400 millones de pesos, es el Meinl Bank, un banco vienés que fue comprado por la constructora brasileña para distribuir los sobornos internacionales descubiertos en el escándalo del Lava Jato. El Meinl Bank compró esa deuda a otros tres bancos internacionales (BID, Banco Río y la Corporación Financiera Internacional), pero, curiosamente, aceptó la propuesta del Correo con una quita que le llevaría a recuperar apenas 8 de esos 400 millones de pesos según las denuncias (**). Al mismo tiempo, Meinl Bank figura como accionista de Sideco SA (la empresa propietaria del Correo Argentino), Socma Americana SA e Invesid SA, las principales firmas del Grupo Macri, con millones de “acciones prendadas” por montos aún desconocidos.

Las derivaciones del caso resultan, por eso, aún inciertas, pero lo cierto es que los escándalos de corrupción agravan las distancias existentes entre una clase política que tiende a ensimismarse en su trono de cristal y una población que asiste estupefacta al espectáculo grotesco de la riqueza, favoreciéndose a sí misma. La pregunta que debería desvelar al oficialismo por estas horas es ¿hasta qué punto considera que la sociedad argentina está dispuesta a bancar el proyecto en las urnas si los escándalos se repiten y la economía sigue arrojando sólo malas noticias al ciudadano de a pie?

Por Martín Iparraguirre

Copyleft 2017

* “Kirchnerismo, corrupción y después”, por José Natanson.

** “El extraño triángulo de un solo lado”, por Werner Pertot.

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Published in: on 22 febrero, 2017 at 1:09  Dejar un comentario  

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